América Latina, febrero 02 de 2022.- En un artículo de la periodista especializada en Tecnología, Andrea Catalano, editora de TeleSemana precisa que la reducción impositiva en Ecuador se estableció como el principal factor de crecimiento del sector de las telecomunicaciones de cara a 2025.

Así mismo señala que este país muestra grandes deficiencias en materia de conectividad fija y móvil: la mitad de su población está desconectada de la banda ancha y los servicios inalámbricos siquiera llegan al 100 por ciento de sus habitantes, prácticamente la excepción de la realidad latinoamericana.

A través de una serie de modificaciones a las regulaciones, la expectativa es que estos índices se reviertan y que se cambien impuestos por inversiones que, se prevé, superarán los 80 millones de dólares en este año.

Es lo que se deja ver en el documento que el Gobierno de Ecuador, a través de su Ministerio de Telecomunicaciones (MinTel), presentó la semana pasada como modo de mostrar lo realizado en estos primeros siete meses de gestión del presidente Guillermo Lasso.

El MinTel, a cargo de Viana Mainno, dio a conocer las acciones encaradas en este tiempo, enfocadas en realizar cambios normativos y regulatorios para convertir a este país “en un territorio seguro y propicio para la inversión, cooperación y generación de vínculos con aliados estratégicos que permitirán viabilizar un desarrollo económico estructurado y sostenible orientado a la innovación y a la dinámica propia de las tecnologías”, aseguró la propia ministra Mainno, en una carta que hizo llegar al medio TeleSemana.com.

Está acción está orientada a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital del Ecuador 2025, que apunta a lograr un país más inclusivo desde el punto de vista digital y que, al mismo tiempo, se alinee con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En otras palabras, Ecuador busca apalancarse en las telecomunicaciones para reducir brechas sociales, no sólo la digital, y en ganar competitividad a través de los ODS para promover el desarrollo.

¿Qué acciones se mostraron en ese plan y cómo se perfiló la reducción de impuestos? Se redujeron tres impuestos y se eliminaron otros dos. De ahí surgen las previsiones de inversiones para este 2022 y las perspectivas de que los indicadores de telecomunicaciones de Ecuador no sólo mejoren sino que, además, contribuyan al desarrollo del país.

En primer lugar, se dio de baja el impuesto a la concentración de mercado, vigente desde 2015 y que, ya en ese entonces, se lo consideraba un tributo meramente recaudatorio.

Bajo este concepto lo que sucederá es que, de pagarse 38,3 millones de dólares en 2018 por ese concepto, la proyección para este año ya se ubica en una reducción hasta los 28 millones de dólares (contra 27 millones de dólares de 2020 y los excepcionales nueve millones de dólares de 2020 a causa de la pandemia) para pasar a ser cero en 2023.

Esto está contemplado en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad fiscal, aprobada tras la pandemia que aún no finalizó. Pero que llevó a Ecuador a sentar bases nuevas de cara al futuro inmediato y de largo plazo.

En esta norma se inscribe, también, la reducción de 50 por ciento de la tarifa por uso de las frecuencias. Hasta 2021 el Estado recibía 80 millones de dólares por este concepto. En 2022 percibirá la mitad, y los otros 40 millones que, antes, se canalizaban a las arcas fiscales se orientarán a inversiones para ampliar las coberturas y llegar a nuevos clientes y mercados.

El mismo ajuste operará para el Servicio Universal, compuesto por el uno por ciento de la facturación de las operadoras del sector, en línea con lo que sucede en otros países de la región. Los 24 millones que recaudaba el Estado por ese ítem hasta 2021 se contraerán al 50 por ciento, y los 12 millones que quedan en poder de las compañías pasarán a desembolsarse también en ampliación de cobertura y de zonas priorizadas.

Las novedades en materia impositiva no quedan aquí. También se eliminó el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), que gravaba a los productos y servicios considerados ostentosos o dañinos para la salud, y que incluía a las telecomunicaciones, que pagaban un gravamen de 10 y 15 por ciento, según se tratara del consumo de estos servicios por parte de personas o de empresas, en forma respectiva.

El alcohol y los cigarrillos son, por ejemplo, dos de los productos alcanzados por esta norma que, desde este año, ya no incluirá a las telecomunicaciones. Esto supone un ahorro de 74,6 millones de dólares.

Misma eliminación corre a partir de este año para los equipos de telecomunicaciones, que tendrán arancel cero, mientras que otros dispositivos como cámaras y videos digitales, pagarán desde ahora un cinco por ciento en concepto de arancel, contra un 25 por ciento hasta 2021, mientras que los cables de fibra óptica abonarán, desde ahora, un 10 por ciento contra un 15 por ciento en la normativa anterior. El ahorro, aquí, está previsto en unos 32,2 millones de dólares.

De estas reducciones y eliminaciones surge que, para este año, las inversiones alcanzarán prácticamente los 84 millones de dólares. Ese monto se destinará a la ampliación de la red 4G, la instalación de 1.855 puntos Wi-Fi y la cobertura de 47 parroquias. Entre estas tres acciones se prevé que se cubran las necesidades de conectividad de más de 1,8 millones de habitantes ubicados en distintos puntos del país.

Otro beneficio que recibirán los habitantes de Ecuador será el de la reducción del roaming. Si bien se trata de un medida tomada por la Comunidad Andina (CAN) que comenzó a regir el pasado 1° de enero, el impacto alcanzará a unos 3,5 millones de habitantes que, así, dejarán de pagar unos 3,1 millones de dólares por ese concepto.

Como se mencionó más arriba, la cobertura móvil fue 88,4 por ciento en este país en 2020, un comportamiento que se mantenía estable desde 2015 cuando sufrió una abrupta caída pues la penetración del servicio en 2014 había superado el 109 por ciento. Es posible que este estrepitoso declive se explique por la creación del impuesto a la concentración de mercado que, con la nueva norma, pretende revertirse.

Desde el MinTel estiman que el alcance de 4G en 2022 se ampliará hasta el 85 de la población contra un 75,92 por ciento registrado en 2021, lo que beneficiaría a 2,8 millones de personas, es decir, más de un 15 por ciento de la población. Ecuador cuenta con más de 17 millones de habitantes.

LTE es la tecnología más extendida en este territorio donde Claro es el operador dominante, con 51,2 por ciento de participación, seguido por la CNT con el 30,5 por ciento, y Movistar, con un 18,3 por ciento, según datos de las empresas a 2020.

En cuanto a acceso a Internet fijo-móvil, el crecimiento previsto no será tan significativo, al menos en términos nominales: se pasará de un 70,6 por ciento de 2021 a un 71,8 en 2022, aunque el salto más grande se produjo en 2020 cuando ese índice se ubicaba en 68,1 por ciento, avance explicado casi de manera exclusiva por los esfuerzos que las operadoras debieron hacer en términos de conectividad durante el brutal inicio de la pandemia.

Más allá de las inversiones previstas por efecto de los ahorros producidos por la baja tributaria, el Mintel también prevé desembolsos por unos 1.000 millones de dólares en 2022, es decir, 150 por ciento superiores a los anotados en 2021, de 400 millones de dólares; y que se canalizarán en proyectos de ciberseguridad, de gobierno electrónico, de cables submarinos, de infraestructura física y conectividad rural, entre otros.

Desde el regulador Arcotel se promoverá la inversión en tecnologías conocidas pero poco adoptadas aún en la industria y, especialmente en la región, tal como blockchain, 5G, IoT, inteligencia artificial y LoRA Wan. Se impulsarán acciones orientadas a fomentar el comercio electrónico y, también, a valerse de las nuevas tecnologías digitales para la educación y el trabajo. Es decir, políticas en conjunto que apuntan a alcanzar los objetivos de la Agenda Digital 2025.

Visto así, el camino encarado por Ecuador parece halagüeño, auspicioso. Habrá que seguir de cerca el impacto de estas medidas. Las operadoras y las asociaciones que las representan vienen cuestionando el aspecto recaudatorio de impuestos y precios de espectro como barreras a las inversiones en despliegues desde hace años. Ecuador hizo su parte, ahora es el turno de las compañías del sector. Les llegó su “hora de la verdad”.